En el día de ayer (jueves 8 de junio de 2017) se trató en el Honorable Consejo Superior la convalidación de la firma que realizara el rector del convenio con la Secretaría de Políticas Universitarias, que habilita la integración de nuestra universidad al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de la Educación Superior.

Descargar: – Convenio y resolución de la UNLu. – Resolución Ministerio de Educación y Deportes 1870 – E/2016.

Teniendo en cuenta lo discutido en las anteriores Asambleas extraordinarias de ADUNLu, se expresó en el cuerpo deliberativo el rechazo a que la UNLu ingrese a ese sistema, con intervenciones de los Secretarios General y Adjunto de nuestro sindicato.

Los argumentos para que la UNLu no ingrese en ese sistema son profusos y variados. En primer lugar, cuestiones de procedimiento que hacen a que en el mismo expediente se solicita una mayor discusión en las comisiones de plan de estudios, y otras instancias que propicien un mayor debate e información a toda la comunidad universitaria, y esa consulta y debate no fue impulsada por el rectorado de la Universidad.

En segundo lugar, los que tienen que ver con el contenido del convenio y los aspectos de política universitaria en los que se enmarca. La herencia del neoliberalismo menemista, la Ley de Educación Superior, se mantuvo a lo largo de más de dos décadas. Algunos rasgos más democratizadores y menos privatistas de la gestión kirchnerista convivieron no sólo con la ley sino con racionalidades de políticas de corte neoliberal.
La llegada al poder de Mauricio Macri habilitó la recuperación de las iniciativas más conservadoras y privatistas en distintos ámbitos del estado y de las políticas públicas, avanzando sobre distintos costados de los derechos sociales, aprovechando flaquezas, distracciones y por supuesto, anuencias varias.

¿Pero cuáles son las líneas de política neoliberal que están en juego y que se expresan alrededor del conflicto por el “sistema de reconocimiento académico”? ¿cuál es el horizonte de universidad al que gustaría llevarnos el gobierno y que son claramente formuladas por los “especialistas” de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial?

1) La privatización general de la Educación Superior (y de todo el sistema educativo). Esto tiene por lo menos tres dimensiones que nos interesan:

a) otra forma de ver la formación de profesionales donde pasa a ser una bien individual a adquirir en el "mercado": Cada uno se paga sus estudios. La formación de profesionales deja de ser una política estratégica de impacto social para convertirse en inversión de cada familia y cada individuo, para la inserción en un mercado de trabajo de acuerdo a competencias solicitadas por sectores dominantes de la economía.

b) la investigación se concentra en torno de objetivos muy acotados y articulados al sector privado, por lo que el sistema científico actual es considerado enorme y deforme, contrastado con el (pequeño y acotado) papel económico que debe jugar la Argentina en un mundo globalizado y de libre mercado.

c) la extensión desaparece como relación de intercambio y aprendizaje recíproco universidad sociedad y especialmente orientada hacia horizontes democratizadores, para poner como parámetro relaciones universidad-mercado.

2) En las iniciativas neoliberales está por supuesto, como norte, el ajuste del gasto público, la “desinversión”, en lo que es considerado un sistema costoso (la universidad pública). Para este gobierno los derechos sociales exigen presión tributaria sobre las empresas y eso debe dejar de ocurrir. Un estado achicado debe en todo caso ofrecer servicios básicos y elementales (educación primaria) a las poblaciones pobres (sobre todo para que no protesten) y que el resto “vaya y compre” servicios de salud, de educación… Las universidades, en la matriz de razonamiento neoliberal, son "caras", son muchas, y no son necesarias.

3) La privatización de la educación superior está planteada como estrategia y no como medida puntual. Está claro que han aprendido. Nuestro pueblo ha sido categórico en la defensa de la educación pública.

Parte de la estrategia de despliegue de este horizonte es el vaciamiento de la formación de grado. La universidad debe parecerse cada vez más a un secundario. La formación en todo caso se complementará con los posgrados, que ya son pagos, aunque en muchas disciplinas aún puedan considerarse “baratos”.

Este vaciamiento o secundarización implica por una parte desligar la formación de grado de las actividades de investigación y extensión, lo que con claridad puede observarse en la asimilación de la universidad a una institución terciaria. Probablemente llame la atención esta articulación, ¿cómo se convierte en equivalente un tramo formativo de un instituto terciario, o de la universidad privada y uno de la universidad nacional, sin políticas de mejoramiento de los servicios de nivel terciario o de la universidad privada? Sencillo: no se trata de mejorar esos servicios sino de bajar los estándares universitarios públicos.

4) Otra estrategia es la estandarización de los aprendizajes. El horizonte de razonamiento, inspirado en modelos pedagógicos originados en los EEUU pero que se han mundializado, es la simplificación, la operativización de los saberes en unidades cuantificables, que se “adquieren” en tiempos que son medibles y objetivables. La posibilidad de que los trayectos formativos sean uniformes descansa en que los planes de estudio sean unificados, y esto a su vez sobre la negación de unos principios pedagógicos que parecen elementales: que un plan de estudio está organizado pensando en un proceso general de formación y en un sujeto que se forma; que existen procesos de integración de saberes y de prácticas a lo largo de toda una carrera, y que esos procesos requieren integralidad y no se logran desmembrando saberes y competencias específicas, que esos procesos no son fijos ni inmutables, que cada universidad está asentada en realidades particulares que necesitan abordajes específicos, que toda estandarización va de frente con la posibilidad de alternativas creativas de revisión de la estrategia de enseñanza y de su articulación con las otras dos funciones universitarias.

El sistema de reconocimiento constituye un momento de ese proceso de vaciamiento y secundarización.

5) Afecta nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.

Por si fuera poco, en la ambigüedad con que está formulado este convenio firmado por la Universidad habla de la posibilidad de la “movilidad docente”. Entendemos esta propuesta como otro intento de flexibilizar nuestro trabajo, dificultar la integralidad de nuestra actividad, por un lado, afectando las funciones de investigación y extensión, y por otro la participación como docentes en todo lo que significa formar parte de la comunidad universitaria. Del mismo modo, avanzar en contra de la aplicación del convenio colectivo en la totalidad de las universidades nacionales.

En el debate de ayer fueron escasos los argumentos a favor de la propuesta, los que hablaron de “pragmatismo”, “que ya estamos inmersos desde hace tiempo en sistemas como este”, “que permitamos que las carreras que quieran adherir lo hagan”. Al finalizar el tratamiento y la votación del tema, los estudiantes y docentes comenzamos a reclamar ante una decisión tomada sin argumentos por parte de la mayoría de los miembros que votaron favorablemente o se abstuvieron. En ese momento se dieron situaciones de violencia hacia estudiantes y trabajadores docentes y no docentes que rechazamos en su totalidad. Ningún avance puede darse en el debate de los miembros de nuestra comunidad en el marco de enfrentamientos entre los que estamos afectados desde todo punto de vista por las políticas neoliberales del actual gobierno.

Expresamos nuestra solidaridad a las acciones de reclamo de los estudiantes que solicitan que nuestra universidad desarrolle y respete sus instancias de debate democrático, donde se tome el tiempo necesario para informar y argumentar las decisiones que afectan la autonomía universitaria y que se vinculan a la imposición de políticas por parte de un gobierno nacional que desarrolla toda una avanzada contra los derechos de nuestro pueblo. Consideramos necesario que desde la gestión se abran canales de dialogo para escuchar los reclamos estudiantiles y de los docentes.

Finalmente, solicitamos al Honorable Consejo Superior que revea la decisión tomada y que impulse las instancias de información y debate hacia la comunidad que son necesarias ante esta situación.