El desarrollo del conflicto que atraviesa la escuela infantil comenzó aproximadamente en el momento en que se empezó a reclamar la categorización del personal docente como docentes pre universitarios. Ese reclamo era a los fines de que las condiciones de trabajo sean discutidas con la parte empleadora conforme el marco regulatorio vigente.
 
Recategorizar implica:
 
Reconocer a la escuela como una unidad académica. No es un depósito de niños sino un espacio donde se brinda educación inicial de calidad.
 
También, dicha recategorización implica el pago de salarios acordes al trabajo realizado y a lo que mediante normas nacionales diversas se ha reconocido como derecho de los docentes. Esto no se ha cumplido pues se adeudan diferencias salariales. Aun así el personal docente hace lo imposible para que la escuela continúe funcionando.
 
Al reconocer que la Escuela es una unidad académica con criterios pedagógicos, lo que manda el convenio colectivo de trabajo es que se designe a su directora con su equipo pedagógico; recategorizando a quien cumplía esas funciones en el cargo de directora. Esto tampoco se ha realizado. Y por supuesto también se adeudan las diferencias salariales.
 
Esto, que parecen reclamos individuales que sólo atañen al personal docente, en realidad no lo son.
 
Tener una dirección pedagógica de la escuela implica aplicar criterios de dirección que se ordenan en función de los intereses educativos y del desarrollo de los niños.
 
Ejemplo, la cantidad de docentes frente a los niños se define en función de su edad y sus necesidades. En la actualidad se pretende extender el horario de trabajo de las docentes quitando salas, como la de tres años, y reduciendo el número de docentes frente a los niños. Al no aplicar criterios educativos sino de servicios, se pierde de vista que menos docentes frente a los niños aumenta todo tipo de riesgos. Si son más horas trabajadas, el personal docente no descansa el tiempo suficiente y eso aumenta los riesgos.
 
Otro ejemplo. Las licencias del personal docente también se deben aplicar con criterios específicos. Un docente que no se ha recuperado debidamente de su enfermedad puede contagiar a los niños. Esto es un criterio de seguridad sanitaria. Pero un docente que no se ha recuperado debidamente también puede sufrir otras situaciones que repercutan en la educación de los niños, si se descompensa frente a ellos y se los expone a una situación traumática. Entonces, el régimen de licencias se define también con criterios pedagógicos que no atenten contra la educación de los niños.
 
En la actualidad el personal docente desarrolla una jornada laboral que se cumple en un determinado horario frente a los niños, otro horario preparando actividades y definiendo criterios educativos sin los niños, y otra parte del tiempo se destina al almuerzo. Si se altera esta situación como se pretende, y los docentes están todo el tiempo con niños a cargo, no solo se altera completamente la jornada laboral a contra mano del marco normativo vigente. También implica que el docente que no tiene tiempo para preparar actividades o realizar tareas sin niños a cargo en su lugar de trabajo, deberá hacer ese trabajo en su casa. Descansará menos, trabajará mucho más de lo normal. Y el cansancio, estrés, etc. Repercute negativamente en la calidad educativa. Y por supuesto también, aumenta los riesgos. El nuevo régimen trae menos ojos y manos frente a los niños. Manos más cansadas y también mal pagas. Esto decididamente atenta contra la educación y la seguridad de los niños.
 
En relación a la extensión horaria, esta es a costa de eliminar una sala y repartir docentes para mejorar el “horario de atención”. Ese concepto de horario de atención nos remite a la administración como un servicio y no como una actividad educativa. Esta Escuela, como todas, no tiene horarios de atención, tiene turnos escolares. Si se pretende aumentar los horarios para que más chicos puedan ingresar, lo que se debe hacer es crear un nuevo turno, contratar nuevo personal docente capacitado y ordenar con criterios pedagógicos esas modificaciones. Si se hace como actualmente se pretende, muchos padres y niños se quedarán sin sala de tres años con todo lo que ello implica. Sumado a la destrucción total del proyecto pedagógico que hace tantos años se desarrolla y ha demostrado sus virtudes extensamente.
 
Estos, que son nuestros derechos, también son derechos de padres y niños si pretendemos defender las condiciones y la calidad de la educación que se brinda.

Como primera necesidad, es necesario que la universidad no atente contra los derechos laborales del personal. No se altere la jornada laboral ni el régimen de licencias vigente. Se respete plenamente el CCT. Se recategorice a la coordinadora en su cargo de directora para que todo lo que atañe a la escuela sea definido con criterios pedagógicos. Esto que es derecho del personal docente, es garantía de seguridad y calidad educativa para padres y niños.
 
Se comience el pago de las categorías como es debido.
 
Asimismo, es necesario que se anule el reglamento aprobado y se discutan las cuestiones atinentes a la Escuela Infantil en el marco de la comisión paritaria particular, único órgano de discusión bilateralidad y con competencia natural para ello.
 
Los derechos que reclamamos para las docentes de la Escuela Infantil son los derechos de todos los trabajadores y estudiantes de la UNLu y respetarlos hace también a la mejor educación de nuestros niños.