La arbitrariedad manifiesta fue introducida por el HCS
El pasado jueves el HCS, con el voto de desempate del Rector Walter Panessi, anuló el concurso ordinario para un cargo de profesor adjunto de la asignatura Deportes de Conjunto y su Enseñanza II, de la carrera de Profesorado Universitario en Educación Física, haciendo lugar a la impugnación presentada por una de las dos postulantes. El llamado corresponde a un cargo con cobertura actual de la docente que legítimamente ganó el concurso en base a sus excelentes méritos.
Esta situación completamente arbitraria fue llevada a cabo a pesar de haber sido presentada una nota fundamentada por parte de ADUNLu señalando la gravedad de avanzar en la anulación del concurso, sin probar ninguna de las causales para semejante decisión, es decir sin demostrar la existencia de vicios de procedimiento ni arbitrariedad manifiesta.
En el trámite, el dictamen del jurado fue resuelto por unanimidad, sin observaciones de los tres representantes presentes. Luego de la impugnación, el Consejo Superior solicita una ampliación del dictamen la que es respondida por el jurado dejando en claro cada punto del curriculum, de la entrevista, y de la clase de oposición de la postulante que queda segunda en el órden de mérito con su respectiva valoración.
Sin embargo, los representantes que impulsaron esta impugnación introdujeron en forma totalmente arbitraria un requerimiento completamente ajeno a las posibilidades otorgadas por la reglamentación, que no fuera solicitado en el pedido de ampliación, y es que un jurado que resuelve unánimemente el resultado de un concurso deba ratificar o rectificar el órden de mérito en una instancia posterior, cuestión que de la simple lectura de la ampliación surge sin lugar a dudas.
El único fundamento esgrimido, a pesar de que la ampliación del dictamen fue categórica respecto de cada punto reclamado, fue que existían "dudas o ambigüedades". Sin embargo en la argumentación realizada en la sesión, ningún consejero o consejera de los que votaron por la anulación de este concurso pudo definir en qué consistirían las mismas.
Esta gravísima situación sienta un precedente altamente negativo para nuestra Universidad, y para la seguridad jurídica y la transparencia que debe garantizar el proceso de acceso al trabajo docente en la UNLu. El concurso público y abierto de oposición y antecedentes es el mecanismo establecido en nuestro convenio colectivo de trabajo para el acceso a la docencia universitaria. Además, el reglamento de concursos establece los mecanismos que garantizan la transparencia del procedimiento y que se realice la selección en base a los antecedentes académicos y las habilidades específicas que correspondan al cargo, es decir, en este caso, la formación de posgrado, la experiencia y los planes de investigación y extensión, la aptitud docente, la especificidad de la disciplina. Para ello en este concurso se convocó a un jurado académico integrado por docentes de la UNLu y externos a nuestra institución con reconocida trayectoria.
Violentar estos requisitos mínimos abre la puerta a cualquier tipo de arbitrariedad y es una línea que ninguna gestión debe atropellar. El acceso al trabajo docente estable en la UNLu debe estar protegido de la discrecionalidad política y de toda búsqueda de adoctrinamiento para quien no piensa igual.
- Denunciamos que la única arbitrariedad manifiesta en este concurso es la que introdujo el Consejo Superior con el voto de desempate del rector en la sesión pasada.
- Denunciamos el intento del Rector de cuestionar la presentación realizada por ADUNLu en defensa de la docente afectada y del interés general de las y los docentes de la UNLu.
- Denunciamos el atropello al reglamento de concursos y exigimos se revierta la decisión adoptada.
- Exigimos se avance en una solución para la regularización de cargos interinos, respetando el proceso de debate que está avanzando en la comisión paritaria.
- Convocamos a todas y todos los docentes a defender el acceso a la docencia en la UNLu por concurso, puesto que situaciones como esta afectan a la estabilidad y transparencia de toda la planta docente de la UNLu afectando seriamente la calidad institucional de nuestra Universidad hacia su interior y hacia la comunidad.
