La Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) envió a las universidades nacionales un pedido de informe sobre un supuesto “plan de contingencia”, “garantía de acceso” y “modalidades alternativas” para asegurar el derecho a enseñar y aprender, advirtiendo incluso sobre posibles actuaciones administrativas y judiciales.
El tenor de este requerimiento y del comunicado del Ministerio de Capital Humano que lo hizo público revela una nueva operación política del Gobierno nacional, montada a días de una nueva Marcha Federal Universitaria. No busca resolver el conflicto universitario, sino desconocer su propia responsabilidad en haberlo provocado y amedrentar a quienes luchamos en defensa de la universidad pública.
Si realmente les preocupara garantizar el derecho a enseñar y aprender, cumplirían con la Ley de Financiamiento Universitario. Quienes defendemos ese derecho somos las y los docentes, que sostenemos la enseñanza, la investigación y la extensión pese al ajuste, el desfinanciamiento y salarios de pobreza.
La ciudadanía lo sabe y por eso acompaña masivamente esta lucha. Porque docentes, nodocentes y estudiantes estamos defendiendo un bien común frente a un gobierno que busca dañar y degradar la universidad pública.
La CONADU HISTÓRICA reafirma su compromiso con la universidad pública y ratifica su decisión de luchar por salarios dignos para la docencia universitaria y preuniversitaria, porque sin salarios dignos no hay universidad pública posible.
Frente a esta nueva maniobra del Gobierno, respondemos con más organización y más movilización. Convocamos a toda la comunidad universitaria y a nuestro pueblo a marchar en todo el país el 12 de mayo.
Porque queremos más estudiantes en las aulas, más producción de conocimiento, más universidad pública al servicio del pueblo. Y porque si el Gobierno cumpliera la Ley de financiamiento Universitario estarían garantizadas las bases materiales para hacerla posible.
La universidad pública no se entrega. Se defiende. Y se defiende luchando.
