Este jueves ingresó el pedido de reconsideración de la resolución adoptada por el Consejo Superior el pasado 27 de abril en la que anuló el concurso para un cargo de profesor adjunto en la asignatura Deportes de Conjunto y su Enseñanza II, de la carrera de Profesorado Universitario en Educación Física, haciendo lugar a una impugnación.
Respondiendo al pedido de re-consideración presentado, la Dirección General Legal y Técnica concluyó que el HCS debía dar lugar a la solicitud de la profesora Labaké, ya que la anulación de su concurso fue "carente de motivación, e inobservancia de la normativa interna".
A pesar de la evaluación del área legal, el rector y las listas de profesores 250, de auxiliares 323 y 350 y de estudiantes 110 y 111, decidieron la anulación del concurso, sentando un antecedente que pone en riesgo a toda la comunidad universitaria. Los argumentos sostenidos por algunxs consejerxs a favor de la anulación se referían a la ambigüedad del dictamen del jurado y que en la ampliación no se había expuesto si el dictamen era ratificado o rectificado. Es decir, fundamentos sin base legal y técnica.
Esta medida de extrema gravedad se adoptó a pesar de que el dictamen del jurado (miembros integrantes aprobados oportunamente por el Consejo Superior) y su posterior ampliación, fueron resueltos por unanimidad, no registran ambigüedad respecto de la valoración de cada antecedente y consignan sin lugar a dudas que la profesora Labaké poseía mayores méritos y se destacó tanto en la entrevista como en la clase de oposición.
Este hecho, además de atentar contra los derechos laborales de la docente involucrada, pone en crisis el concurso público y abierto de antecedentes y oposición con jurados integrados por pares, instrumento que tenemos por reglamento como vía legítima, transparente y democrática para el acceso a la docencia, que se establece en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y que la Universidad argentina hereda desde la Reforma Universitaria de 1918: el concurso público y abierto de antecedentes y oposición con jurados integrados por pares.
Figura: Extracto del dictamen de la Dirección General Legal y Técnica
Ante esta situación, alertamos a la comunidad universitaria sobre la implementación de estas acciones arbitrarias desde el oficialismo, rechazamos la anulación resuelta por el HCS y continuaremos apoyando toda medida necesaria para revertir esta decisión totalmente irregular, incluyendo la continuidad del reclamo ante la justicia.
Adjuntamos el pedido de reconsideración y el dictamen del servicio jurídico de la UNLu y nos solidarizamos con la compañera docente.
