
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján rechaza la criminalización de la protesta social resuelta por el gobierno nacional de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a través de la Resolución 943/2023.
Las medidas económicas regresivas que este gobierno ha implementado a días de asumir, y que el poder económico viene descargando sobre las y los trabajadores con los aumentos de precios sufridos en las últimas semanas, no pueden generar otra reacción que el rechazo de la sociedad en su conjunto y de sus organizaciones representativas, entre ellas los sindicatos.
Contra su promesa electoral de no afectar a la población, estas medidas producen un ajuste a los sectores populares y una transferencia de ingresos hacia sectores exportadores y financieros, empujando a la pobreza a una incalculable proporción de la población.
Peticionar ante las autoridades y la libertad de expresión son derechos constitucionales que no pueden ser desconocidos, ni avasallados, con medidas que pretendan restringirlos.
Desde ADUNLu volvemos a expresar que no toleramos "Ni un ajuste más, ni un derecho menos" y mantenemos el estado de alerta resuelto en la Asamblea Extraordinaria del pasado martes 12 de diciembre.